La nueva jurisdicción se convierte en el octavo cantón de Esmeraldas, luego del respaldo ciudadano en consulta popular y la aprobación unánime de la Asamblea Nacional.
El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, oficializó la creación de Borbón como el cantón número 223 del Ecuador, tras la publicación de la Ley de Creación del Cantón Borbón en el Registro Oficial.
Con esta decisión, Borbón se convierte también en el octavo cantón de la provincia de Esmeraldas, culminando un proceso que contó con el respaldo de la ciudadanía en la consulta popular realizada el 16 de noviembre de 2025 y con la aprobación unánime de la Asamblea Nacional, que dio paso a la iniciativa con 139 votos a favor.
De acuerdo con el Gobierno Nacional, el proceso de cantonización fue desarrollado con base en criterios técnicos, jurídicos y constitucionales, respetando el marco legal vigente y la voluntad democrática de los habitantes.
Durante el proceso, el Ministerio de Gobierno coordinó el acompañamiento técnico e institucional junto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Secretaría Nacional de Planificación y el Comité Nacional de Límites Internos, entidades que participaron en la elaboración y validación de los informes requeridos para la creación del nuevo cantón.
La nueva jurisdicción tendrá como cabecera cantonal a la ciudad de Borbón e incluirá las parroquias Anchayacu, Atahualpa, Luis Vargas Torres, Maldonado, San Francisco de Ónzole, Santo Domingo de Ónzole, Selva Alegre, Telembí, Colón Eloy del María, San José de Cayapas y Timbiré.
Con la entrada en vigencia de la ley, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá convocar a elecciones para designar al alcalde y a los concejales del nuevo cantón, conforme a los plazos establecidos por la normativa. Mientras tanto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Eloy Alfaro continuará administrando el territorio hasta que concluya el proceso de transición administrativa, financiera y patrimonial.
El Gobierno Nacional señaló que la creación del cantón Borbón permitirá fortalecer la organización territorial del Estado, acercar los servicios públicos a la ciudadanía y mejorar la gestión de las competencias municipales, impulsando el desarrollo local y el bienestar de sus habitantes.
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