El acogimiento institucional concentró el 58,75 % de las medidas judiciales entre 2019 y mayo de 2026, pese a que esta modalidad debería ser excepcional.
Un nuevo estudio sobre la situación de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes evidencia importantes brechas en el sistema de protección de Ecuador que pueden afectar su derecho a crecer en una familia segura y protectora.
El Análisis de la Situación de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (CRSA 2026), desarrollado por Aldeas Infantiles SOS Ecuador, identifica entre sus principales hallazgos el peso que mantiene el acogimiento institucional dentro del sistema de protección.
De acuerdo con la investigación, entre 2019 y mayo de 2026, el acogimiento institucional concentró el 58,75 % de las medidas judiciales, a pesar de que debería aplicarse únicamente como una medida excepcional y temporal.
POBREZA Y SEPARACIÓN FAMILIAR
El estudio también advierte sobre la relación entre las condiciones de vulnerabilidad económica y la separación familiar. La negligencia aparece como el principal motivo registrado de ingreso a acogimiento institucional: representó el 44 % en diciembre de 2022, aumentó al 50,7 % en diciembre de 2025 y alcanzó el 48,9 % en abril de 2026.
Sin embargo, el CRSA señala que situaciones asociadas a la pobreza pueden terminar registrándose como negligencia. La falta de vivienda, empleo, ingresos o tiempo para el cuidado, advierte la investigación, no debería confundirse con una incapacidad de las familias para cuidar a sus hijos.
Esta situación cobra relevancia debido a que, entre enero y mayo de 2026, entre el 93 % y 94 % de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en acogimiento institucional vivía en condiciones de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad.
ESTANCIAS PROLONGADAS EN ACOGIMIENTO
Otro de los hallazgos corresponde a la permanencia prolongada en el sistema de protección. El 20 % de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional lleva más de cinco años bajo esta modalidad, pese a que debería tener carácter temporal.
El informe señala que las demoras en audiencias, informes y procesos de esclarecimiento legal pueden prolongar la permanencia institucional durante etapas fundamentales para el desarrollo y la construcción de vínculos familiares.
A esto se suma una reducción del 70,3 % en el acogimiento familiar durante el período analizado, situación que, según el estudio, refuerza la necesidad de ampliar las alternativas de cuidado familiar y fortalecer el acompañamiento a las familias de origen y a la familia ampliada.
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA
El CRSA también identifica brechas en la transición de adolescentes y jóvenes que cumplen 18 años y deben egresar del sistema de protección.
Quienes dejan el sistema enfrentan necesidades relacionadas con vivienda, alimentación, salud, educación y empleo, muchas veces sin redes afectivas de apoyo ni una respuesta pública articulada que acompañe su proceso hacia la autonomía.
Por ello, el estudio plantea que la salida del sistema debe ser planificada y progresiva, con acompañamiento sostenido hasta que los jóvenes puedan alcanzar condiciones adecuadas de independencia.
Las voces recogidas durante la investigación también muestran que el bienestar de niñas, niños y adolescentes no depende únicamente de las condiciones materiales, sino de la existencia de vínculos significativos y entornos libres de violencia y miedo.
PROPUESTAS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN
A partir de sus resultados, el CRSA 2026 plantea una serie de acciones para el período 2026-2030, entre ellas:
- Fortalecer una Política Nacional de Prevención que articule salud mental, educación y protección social.
- Diferenciar las situaciones de pobreza de la negligencia en los protocolos de protección.
- Reducir la institucionalización y ampliar las alternativas de cuidado familiar.
- Agilizar los procesos legales relacionados con niñas, niños y adolescentes.
- Garantizar servicios de salud mental con enfoque informado por el trauma.
- Establecer mecanismos de acompañamiento continuo para adolescentes y jóvenes hasta alcanzar su autonomía.
Eva Peñafiel, directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, destacó que la protección de la niñez requiere actuar antes de que una familia llegue al punto de perder el cuidado de sus hijos y llamó a colocar la prevención en el centro de las decisiones públicas.
El estudio constituye una actualización de la evidencia disponible sobre las condiciones que afectan a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado familiar o se encuentran en riesgo de perderlo. El último análisis integral de esta naturaleza se realizó entre 2014 y 2015.
La investigación tuvo una duración de seis meses y utilizó un enfoque mixto, con predominio cualitativo y basado en derechos humanos, análisis ecológico e interseccionalidad. Incluyó revisión documental, análisis de registros administrativos oficiales, entrevistas y talleres participativos con niñas, niños, adolescentes y jóvenes.


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